miércoles, 16 de noviembre de 2011
martes, 12 de julio de 2011
Convenio 107
CONVENIO OIT 107
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957
Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes
PREAMBULO
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 junio 1957 en su cuadragésima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes, cuestión que constituye el sexto punto del orden del día de la reunión;
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional;
Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades;
Considerando que en diversos países independientes existen poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutan los otros elementos de la población;
Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista humanitario como por el propio interés de los países interesados, perseguir el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una acción simultánea sobre todos los factores que les han impedido hasta el presente participar plenamente en el progreso de la colectividad nacional de que forman parte;
Considerando que la adopción de normas internacionales de carácter general en la materia facilitará la acción indispensable para garantizar la protección de las poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas colectividades nacionales y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo;
Observando que estas normas han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, en niveles apropiados, y en sus respectivos campos, y que se propone obtener de dichas organizaciones que presten, de manera continua, su colaboración a las medidas destinadas a fomentar y asegurar la aplicación de dichas normas,
adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957:
Parte I. Principios Generales
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica: a) a los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, cuyas condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que esa su situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen.
2. A los efectos del presente Convenio, el término [ semitribal ] comprende los grupos y personas que, aunque próximos a perder sus características tribales, no están aún integrados en la colectividad nacional.
3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales o semitribales mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo se designan en los artículos siguientes con las palabras las poblaciones en cuestión.
Artículo 2
1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus respectivos países.
2. Esos programas deberán comprender medidas: a) que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población; b) que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones y el mejoramiento de su nivel de vida; c) que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la asimilación artificial de esas poblaciones.
3. El objetivo principal de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de la utilidad social y de la iniciativa individuales.
4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la coerción como medio de promover la integración de dichas poblaciones en la colectividad nacional.
Artículo 3
1. Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las personas, los bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión mientras su situación social, económica y cultural les impida beneficiarse de la legislación general del país a que pertenezcan.
2. Se deberá velar por que tales medidas especiales de protección: a) no se utilicen para crear o prolongar un estado de segregación; y b) se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección especial y en la medida en que la protección sea necesaria.
3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no deberá sufrir menoscabo alguno por causa de tales medidas especiales de protección.
Artículo 4 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones en cuestión se deberá: a) tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control social propias de dichas poblaciones, así como la naturaleza de los problemas que se les plantean, tanto colectiva como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y económico; b) tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores y de las instituciones de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuadamente y con el consentimiento de los grupos interesados; c) tratar de allanar las dificultades de la adaptación de dichas poblaciones a nuevas condiciones de vida y de trabajo.
Artículo 5 Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: a) buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes; b) ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas; c) estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones.
Artículo 6 El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como del nivel educativo de las poblaciones en cuestión, deberá ser objeto de alta prioridad en los planes globales de desarrollo económico de las regiones en que ellas habiten. Los proyectos especiales de desarrollo económico que tengan lugar en tales regiones deberán también ser concebidos de suerte que favorezcan dicho mejoramiento.
Artículo 7
1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en consideración su derecho consuetudinario.
2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración.
3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que los miembros de dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, los derechos reconocidos a todos los ciudadanos de la nación, ni que asuman las obligaciones correspondientes.
Artículo 8 En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico del país: a) los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, en todo lo posible, para la represión de los delitos cometidos por miembros de dichas poblaciones; b) cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta las costumbres de dichas poblaciones en materia penal.
Artículo 9 Salvo en los casos previstos por ley respecto de todos los ciudadanos, se deberá prohibir, so pena de sanciones legales, la prestación obligatoria de servicios personales de cualquier índole, remunerados o no, impuesta a los miembros de las poblaciones en cuestión.
Artículo 10
1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con recursos legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales.
2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las poblaciones en cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución cultural de dichas poblaciones.
3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarcelamiento.
Parte II. Tierras
Artículo 11 Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas.
Artículo 12
1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones.
2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación y los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas.
3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.
Artículo 13
1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y social.
2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan.
Artículo 14 Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas poblaciones ya posean.
Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo
Artículo 15
1. Todo Miembro deberá adoptar, dentro del marco de su legislación nacional, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, mientras dichos trabajadores no puedan beneficiarse de la protección que la ley concede a los trabajadores en general.
2. Todo Miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a) admisión en el empleo, incluso en empleos calificados; b) remuneración igual por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, prevención de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales e indemnización por esos riesgos, higiene en el trabajo y vivienda; d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos y derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores y con las organizaciones de empleadores.
Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales
Artículo 16 Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán disfrutar de las mismas oportunidades de formación profesional que los demás ciudadanos.
Artículo 17
1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a las necesidades especiales de las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán crear medios especiales de formación para dichas personas.
2. Estos medios especiales de formación deberán basarse en el estudio cuidadoso de la situación económica, del grado de evolución cultural y de las necesidades reales de los diversos grupos profesionales de dichas poblaciones; en particular, tales medios deberán permitir a los interesados recibir el adiestramiento necesario en las actividades para las cuales las poblaciones de las que provengan se hayan mostrado tradicionalmente aptas.
3. Estos medios especiales de formación se deberán proveer solamente mientras lo requiera el grado de desarrollo cultural de los interesados; al progresar su integración, deberán reemplazarse por los medios previstos para los demás ciudadanos.
Artículo 18
1. La artesanía y las industrias rurales de las poblaciones en cuestión deberán fomentarse como factores de desarrollo económico, de modo que se ayude a dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a métodos modernos de producción y comercio.
2. La artesanía y las industrias rurales serán desarrolladas sin menoscabo del patrimonio cultural de dichas poblaciones y de modo que mejoren sus valores artísticos y sus formas de expresión cultural.
Parte V. Seguridad Social y Sanidad
Artículo 19 Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender progresivamente, cuando sea factible: a) a los trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cuestión; b) a las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones.
Artículo 20
1. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados a disposición de las poblaciones en cuestión.
2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de las condiciones sociales, económicas y culturales de las poblaciones interesadas.
3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de medidas generales de fomento social, económico y cultural.
Parte VI. Educación y Medios de Información
Artículo 21 Deberán adoptarse medidas para asegurar a los miembros de las poblaciones en cuestión la posibilidad de adquirir educación en todos los grados y en igualdad de condiciones que el resto de la colectividad nacional.
Artículo 22
1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en lo que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de integración social, económica y cultural en la colectividad nacional.
2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente de estudios etnológicos.
Artículo 23
1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua nacional o a una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para preservar el idioma materno o la lengua vernácula.
Artículo 24 La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión deberá tener como objetivo inculcarles conocimientos generales y habilidades que ayuden a esos niños a integrarse en la colectividad nacional.
Artículo 25 Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en los otros sectores de la colectividad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con las poblaciones en cuestión, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener respecto de esas poblaciones.
Artículo 26
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de las poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente respecto del trabajo y los servicios sociales.
2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones ampliamente divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones.
Parte VII. Administración
Artículo 27
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende este Convenio deberá crear organismos o ampliar los existentes para administrar los programas de que se trata.
2. Estos programas deberán incluir: a) el planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas tendientes al desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones; b) la proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y de otro orden; c) la vigilancia de la aplicación de estas medidas.
Parte VIII. Disposiciones Generales
Artículo 28 La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto a este Convenio deberán determinarse con flexibilidad para tener en cuenta las condiciones propias de cada país.
Artículo 29 La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no menoscabará las ventajas garantizadas a las poblaciones en cuestión en virtud de las disposiciones de otros convenios o recomendaciones.
Artículo 30 Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 31
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación
Artículo 32
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 33
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 34 El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 35 Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 36
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 32, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 37 Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
COMUNICADO AL PAÍS, GOBIERNO DE PANAMÁ, ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
En aras del fortalecimiento, consolidación y cohesión de los pueblos indígenas de Panamá, a través de su única organización representativa y de unidad la COORDINADORA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE PANAMÁ (COONAPIP), se efectuó la elección de su Junta Directiva, por lo que damos a conocer al país, al gobierno de turno, organizaciones nacionales e internacionales:
La Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) la integran los pueblos indígenas:
1. Bribri
2. Naso Tjër-di
3. Bugle
4. Wounaan
5. Embera
6. Kuna
7. Ngäbe
Igualmente están representadas por los congresos y consejos de la forma político-administrativo de cada territorio:
1. Consejo General Bribri
2. Consejo General Naso Tjër-di
3. Congreso General Comarca Ngäbe-Buglé
4. Congreso Nacional Wounaan
5. Congreso General Emberá de Alto Bayano
6. Congreso General Emberá y Wounaan de Tierras Colectivas
7. Congreso General Emberá y Wounaan
8. Congreso General Kuna de la Comarca Wargandi
9. Congreso General Kuna de la Comarca Madungandi
10. Congreso General Kuna de Dagargunyala
11. Congreso General de Kuna Yala
12. Consejo Regional Buglé
Inicios del mes de julio de 2011, la COONAPIP renovó su Junta Directiva en la cabecera de la Comarca de Kuna Yala, Gaigirgordup, conocido como El Porvenir. La nueva Junta Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
| Nº | Nombre | Cédula | Cargo |
| 1 | Betanio Chiquidama | 5-700-374 | Presidente y cacique del Congreso General Emberá y Wounaan |
| 2 | Aníbal Escala | 10-18-36 | Vicepresidente y sagladummad del Congreso General Guna Yala |
| 3 | Elivardo Membache | 5-24-497 | Secretario y cacique del Congreso General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan |
| 4 | Florentino Flores | 9-726-793 | Subsecretario y cacique General del Pueblo Bugle |
| 5 | Chilín Piraza | 8-369-42 | Tesorero y cacique del Congreso Nacional Wounaan |
| 6 | Ardinteo Santana | 1-24-1036 | Fiscal y Rey encargado del territorio Naso Tjërdi |
Asimismo la COONAPIP validó los documentos jurídicos que son necesarios para la conducción y funcionamiento de la organización Madre de los Pueblos Indígenas de Panamá, diseñado y elaborado desde su cosmovisión y espiritualidad:
1. Estatuto de COONAPIP.
2. Plan Estratégico de Incidencia Política de COONAPIP.
3. Manual de Procedimiento Administrativo de COONAPIP
4. Plan Quinquenal de COONAPIP.
Ciudad de Panamá, 11 de julio de 2011
miércoles, 23 de marzo de 2011
Marco A. Gandásegui, hijo
Sociólogo, Entrevista dada por la Estrella de Panamá
Sábado 19 de marzo de 2011
(Miembro de la Sala de Estudios Latinoamericanos del CELA)
Buen día, señor Gandásegui.
He aquí mi consulta:
Tomando en cuenta los últimos enfrentamientos entre el pueblo ngäbe y el Gobierno (y el conflicto que se podría dar por el reconocimiento del nuevo presidente del Congreso General), quisiera saber:
1. ¿Qué cree usted que al final los indígenas ngäbe persiguen?
M. G.: Me parece que en resumen los pueblos ngäbe y buglé persiguen dos cosas: Por un lado, conservar sus tierras, sus comunidades y sus familias ante el atropello de las instancias que los oprimen. Por el otro, su dignidad como pueblos, con una cultura siempre enriqueciéndose sobre la base de sus propias costumbres. Que los gobiernos y sus agentes detengan sus ataques sistemáticos y permanentes.
2. ¿Es realmente el Decreto 537, que permite al Tribunal Electoral ser garante del proceso, una intromisión de las autoridades en la política interna del pueblo ngäbe?¿Por qué?.
M. G.: El decreto 537 tiene varios defectos. El más importante, en mi opinión, es que se confeccionó y publicó sin consulta con las partes afectadas. Los gobernantes son muy cuidadosos en estos casos y primero consultan con todas las partes con interés en alguna iniciativa. En este caso no se hizo. Con relación al Tribunal Electoral, esta instancia del Estado no interviene en las elecciones de otras etnias panameñas (Club Unión, Sociedad Española, Colonia China, etc.). Los gobernantes deben permitirles a los pueblos indígenas hacer uso de la autonomía que les confiere la Constitución y las leyes.
3. ¿Hasta dónde debe y puede interferir un gobierno en las políticas internas comarcales?
M. G.: Las leyes señalan lo que tienen que hacer los gobernantes en forma muy detallada. Todo lo que no menciona la ley le es prohibido al gobierno. Todas las leyes (panameñas) se aplican a la población de las comarcas indígenas. Por ejemplo, la ley dice que el TE debe organizar las elecciones nacionales en esos territorios. La ley indica que el Tribunal Electoral organizará elecciones nacionales y que todos los panameños tenemos el derecho y el deber de participar en las comicios para Presidente, diputados, alcaldes y corregimientos. Pero los Congresos que eligen a los "líderes tradicionales" de los pueblos indígenas son materia de los pueblos indígenas. (Igual que la Iglesia. El TE no le organiza a la Iglesia la elección de obispos u otros dignatarios). No le corresponde al TE. En parte alguna existe una ley que dice que el gobierno debe organizar políticamente a los pueblos indígenas de Panamá. El decreto 537 pretende - sin fundamento alguno - decirles a los pueblos indígenas como organizarse políticamente. El Código electoral no se refiere a las comarcas. La ley es muy clara cuando dice que el Estado respetará las costumbres de los pueblos indígenas.
4. El presidente del Congreso electo en el cabildo abierto, Celio Guerra, es miembro de FRENADESO ¿Cuánto puede influir esa situación en una eventual agudización del conflicto con el Gobierno por el tema de la autonomía comarcal?
M. G.: No conozco personalmente a Celio Guerra. No sé si es miembro de FRENADESO. Lo importante es saber si es miembro del pueblo indígena que lo eligió presidente del Congreso. ¿Cuáles son las cualidades de Guerra al ser elegido presidente del Congreso? ¿Esta es la pregunta que deberíamos hacernos todos? Obviamente, si hubiese sido CD o PRD diríamos que esos partidos políticos tienen "amarrada" políticamente a la comarca. Todo indica, si es cierta tu afirmación sobre FRENADESO, que esa organización ha realizado un trabajo de pactos y alianzas, y ha encontrado el consenso en los diversos grupos que forman el pueblo ngäbe, para llevar a un miembro de su organización a ese alto puesto.
5. ¿Ha respetado Martinelli el principio de autonomía de los pueblos indígenas?
M. G.: El presidente Martinelli, al igual que los mandatarios anteriores, han ignorado los intereses de los pueblos indígenas de Panamá. Sus reformas al código minero y la represión en Changuinola son buenos ejemplos. Los insultos de sus ministros y asesores contra los indígenas, en general, es una buena muestra del respeto que tiene el gobierno del principio de autonomía.
6. ¿Cómo puede un gobierno integrar a los indígenas a sus políticas y planes nacionales, y no sobrepasar el derecho legítimo que tienen esos pueblos de auto organizarse?
M. G.: Los pueblos indígenas son parte integrales del Estado panameño. Sus comarcas, al igual que las nueve provincias, forman parte de la República. Ellos respetan la Constitución y las leyes panameñas. Para contribuir a la paz social, los gobernantes deben respetar la Constitución y las leyes que dicen que los pueblos indígenas tienen sus propias costumbres. Los pueblos indígenas quieren mejorar sus niveles de vida económicos y sociales. Todo indica que ellos quieren que trabajemos con ellos (NO SUPUESTAMENTE PARA ELLOS). En primer lugar, ello tienen que resolver el problema de la producción (alimentos, infraestructura, manufactura. etc.) que requiere un gran esfuerzo en los campos de la educación, salud y vivienda. Segundo, tienen un sistema de organización política que funciona. Hay que respetarla y no destruirla.
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